El Senado se dispone a tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone cambios significativos en los procesos de alquiler y desalojo. Entre las modificaciones más relevantes figura la implementación de un procedimiento de desalojo exprés para casos de falta de pago y ocupaciones ilegales. 

La propuesta todavía debe completar su trámite legislativo, por lo que las nuevas disposiciones aún no entraron en vigencia. 


Desalojo por falta de pago: cómo sería el nuevo sistema
El proyecto establece que, antes de iniciar una demanda judicial, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino, quien dispondrá de un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la deuda. Ese plazo fue ampliado durante el debate parlamentario, ya que la versión original contemplaba solo tres días. 

Si el incumplimiento persiste, el propietario podrá promover un juicio sumarísimo, un procedimiento más ágil que el actual, y solicitar al juez la desocupación inmediata del inmueble bajo determinadas garantías. 

Más cambios para propietarios e inquilinos
La iniciativa también incorpora otras modificaciones importantes:
Las notificaciones podrán realizarse tanto en el domicilio físico como en el domicilio electrónico fijado en el contrato.


El propietario no podrá negarse a recibir las llaves cuando finalice la locación.

Si el locador rechaza la entrega, el inquilino podrá realizar una consignación judicial, dejando de generar nuevas obligaciones de pago una vez cumplidos los requisitos legales.

En los juicios de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato se limitarán las pruebas admitidas para acelerar el proceso.

Si un propietario obtiene un desalojo ocultando documentación o información relevante, podrá recibir una multa de hasta 10 veces el valor del último alquiler, a favor del inquilino. 



Cambios sobre ocupaciones ilegales
El proyecto también endurece el tratamiento de las usurpaciones. En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución del inmueble en un plazo de hasta cinco días, identificar a los ocupantes y disponer el uso de la fuerza pública para ejecutar la medida cuando corresponda. 

Además, la propuesta modifica el régimen vigente para los barrios populares inscriptos en el RENABAP, eliminando la suspensión general de desalojos prevista en la normativa actual.

Contexto
La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la protección de la propiedad privada y agilizar los procesos judiciales. El oficialismo sostiene que brindar mayor seguridad jurídica incentivará la oferta de viviendas en alquiler, mientras que organizaciones de inquilinos advierten que la reducción de plazos podría aumentar la vulnerabilidad de quienes atraviesan dificultades económicas. 


Dato destacado
De aprobarse el proyecto, se trataría de una de las reformas más importantes del régimen de desalojos de los últimos años, al reducir significativamente los tiempos judiciales y establecer nuevas reglas tanto para propietarios como para inquilinos. Hasta que la ley sea sancionada y promulgada, los contratos de alquiler siguen rigiéndose por la normativa vigente.