En un movimiento que impacta de lleno en el debate sobre la calidad institucional, el diputado provincial Carlos González D’Alessandro presentó en la Legislatura de San Luis un proyecto de ley de “Ficha Limpia”, que propone impedir que personas con condenas por corrupción accedan a cargos públicos.

La iniciativa apunta a establecer un piso ético mínimo para quienes aspiren a representar o administrar el Estado, en línea con proyectos similares que ya se discuten en distintos puntos del país.

Qué establece el proyecto

El eje es contundente: toda persona con condena penal confirmada en segunda instancia por delitos contra la administración pública quedará automáticamente inhabilitada para:

  •  Ser candidata a cargos electivos 
  •  Ser designada como funcionaria en el ámbito provincial 

Según el texto, no se trata solo de castigar hechos pasados, sino de evitar que estructuras vinculadas a la corrupción vuelvan a ocupar espacios de poder.

“La política no puede ser refugio”

Desde el entorno del legislador remarcan que la propuesta incorpora aportes ciudadanos canalizados a través de su espacio, reforzando la idea de una iniciativa construida con participación social.

“El sistema necesita reglas claras: la política no puede seguir siendo refugio de quienes traicionaron la confianza pública”, sostuvo D’Alessandro, quien además planteó la necesidad de que la transparencia deje de ser un discurso y pase a ser una condición de acceso al poder.

Un proyecto con lectura política

La presentación llega en un contexto donde la discusión sobre corrupción, privilegios y renovación dirigencial gana centralidad tanto a nivel provincial como nacional.

En ese escenario, “Ficha Limpia” también funciona como un posicionamiento político que obliga al resto de los espacios a fijar postura frente a una medida con alto respaldo social, pero con impacto directo sobre la dirigencia.

Lo que se viene

De avanzar, la iniciativa podría reconfigurar el mapa político de San Luis. Sin embargo, el debate no estará exento de tensiones:

  •  Qué tipo de condenas serán consideradas 
  •  En qué instancia judicial se aplicará la inhabilitación 
  •  El riesgo de judicialización de candidaturas 

Con este proyecto, D’Alessandro no solo presenta una ley: pone sobre la mesa una discusión incómoda pero inevitable.

¿Debe cualquier persona poder gobernar, o la ética tiene que ser un requisito previo y obligatorio?