🚨 💰 Según consta en el Decreto 10851-MDP-2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial aprobó un beneficio de asistencia financiera por $3.925.088,92 para un emprendimiento de servicios de electricidad en Merlo, presentado por Néstor Omar Sosa junto con Carla Yanina Bracamonte, dentro del programa “Mi Próximo Paso – Segunda Edición”.

📄 El decreto fue firmado por el gobernador Claudio Poggi el 19 de junio de 2025 y publicado oficialmente el 25 de agosto de ese año. El texto establece que se trató de un proyecto privado encuadrado en el programa provincial de asistencia financiera.

👮‍♂️ La segunda situación se produjo en 2026. Documentación oficial muestra que Néstor Omar Sosa fue beneficiado con un ascenso dentro de la Policía provincial, con reconocimiento de antigüedad desde el 1° de enero de 2026. El Boletín Oficial registra posteriormente su promoción a una jerarquía superior.

🔎 La documentación difundida también expone que Sosa había pasado a retiro obligatorio en 2023, mientras que en 2026 volvió a aparecer en la estructura policial con un ascenso. Ese punto es uno de los aspectos que genera cuestionamientos y requiere analizar el marco legal que permitió su reincorporación y posterior promoción.

⚠️ El otorgamiento del crédito y el ascenso figuran en documentos oficiales, pero eso no demuestra por sí mismo que haya existido favoritismo, tráfico de influencias o una irregularidad. Para afirmar una conducta ilegal sería necesario conocer el expediente completo, los criterios aplicados y si Néstor Sosa cumplió las mismas condiciones exigidas al resto de los beneficiarios y agentes policiales.

🏛️ La controversia adquiere una dimensión política porque Nancy Sosa es la actual ministra de Seguridad y su firma aparece en decretos vinculados a la estructura policial provincial, mientras que su hermano figura entre los beneficiarios de las decisiones mencionadas.

📌 El caso vuelve a poner bajo la lupa el discurso oficial de “transparencia, mérito y ausencia de discrecionalidad” en la administración pública. La pregunta central no es solamente si las decisiones fueron legales, sino también qué criterios se utilizaron, quién evaluó los expedientes y si esos mismos criterios se aplicaron de manera uniforme a todos los ciudadanos y policías de la provincia.