Las denuncias apuntan a un presunto mecanismo para subvaluar activos del Estado, luego de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación fuera apartado de esas operaciones y las valuaciones quedaran en manos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), organismo que depende del Ministerio de Economía.

Qué empresas están involucradas

Según la investigación del periodista Julián Maradeo, las tasaciones alcanzan a empresas y activos estratégicos como:

- Nucleoeléctrica Argentina.
- Intercargo.
- Transener.
- AySA.
- Belgrano Cargas.
- Las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Las sospechas

De acuerdo con la denuncia, el presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Roberto Villamonte, decidió que ese organismo no interviniera en los procesos de valuación, que pasaron a una Unidad Valuadora creada en el BICE durante 2025. La medida generó cuestionamientos debido a que el banco no tenía experiencia previa en tasaciones de empresas estatales.

Las presentaciones judiciales también cuestionan el carácter reservado de las valuaciones y sostienen que la información fue declarada confidencial, impidiendo conocer los criterios utilizados para fijar el valor de las compañías.

La Justicia ya interviene

Ante las denuncias, la Justicia solicitó informes al Ministerio de Economía y al BICE para conocer cómo se realizaron las tasaciones y cuál fue el procedimiento aplicado.

En el caso de Intercargo, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) impugnó el proceso al sostener que existieron irregularidades metodológicas, falta de transparencia y un apartamiento indebido del Tribunal de Tasaciones.

El caso de Nucleoeléctrica

Uno de los puntos más sensibles involucra a Nucleoeléctrica Argentina. Fuentes citadas en la investigación sostienen que la empresa tendría un valor estimado de entre US$10.000 millones y US$11.000 millones, mientras que cuestionan que el Gobierno proyectaría vender el 44% de la compañía por alrededor de US$1.000 millones. Estas afirmaciones forman parte de las denuncias y no constituyen una valoración oficial.

Qué dice la legislación

Las impugnaciones sostienen que el procedimiento podría entrar en conflicto con la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que establece que las privatizaciones deben realizarse con tasaciones oficiales y bajo criterios de máxima transparencia y publicidad. La investigación también menciona la Ley 21.626, que regula el funcionamiento del Tribunal de Tasaciones.

Puntos clave

- La denuncia involucra las valuaciones de seis empresas y activos estratégicos del Estado.
- El Tribunal de Tasaciones fue apartado de los procesos.
- Las tasaciones quedaron en manos del BICE, dependiente del Ministerio de Economía.
- La Justicia ya solicitó informes al Ministerio de Economía y al banco estatal.
- Entre las empresas involucradas figuran Nucleoeléctrica, Intercargo, AySA, Transener, Belgrano Cargas y las centrales hidroeléctricas del Comahue.

Dato destacado

Hasta el momento, no existe una resolución judicial que confirme las presuntas irregularidades. La causa se encuentra en etapa de requerimiento de información, mientras continúan las investigaciones y las denuncias sobre el proceso de valuación de los activos estatales.