La medida fue instrumentada mediante el Decreto 467/2026 y apunta, según la Casa Rosada, a acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia. Sin embargo, sectores opositores y especialistas cuestionan la eliminación de mecanismos de participación ciudadana y criterios de diversidad.
Los principales protagonistas
Javier Milei, quien firmó la reforma.
Juan Bautista Mahiques, impulsor del decreto.
Los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Qué cambia con el nuevo decreto
1. Menos instancias administrativas
El Ejecutivo eliminó etapas previas al envío de pliegos al Senado, con el objetivo de acelerar los nombramientos.
2. Fin de recomendaciones sobre diversidad
La nueva normativa deja de contemplar expresamente criterios de:
Diversidad de género.
Especialidad jurídica.
Representación regional.
Estos puntos estaban incluidos en normas vigentes desde 2003.
3. Digitalización del proceso
El Gobierno argumentó que la reforma moderniza la publicación de antecedentes y reduce trámites burocráticos.
4. Cobertura de vacantes
La Casa Rosada sostiene que la Justicia nacional y federal mantiene un elevado número de cargos vacantes y que la medida busca agilizar los nombramientos.
Qué cuestionan los críticos
Desde distintos sectores políticos y judiciales se advirtió que el decreto elimina herramientas de transparencia y participación ciudadana que permitían observar e impugnar candidaturas antes de su tratamiento legislativo. También se cuestiona la supresión de referencias a la diversidad de género y representación federal.
Hechos confirmados
✅ El Decreto 467/2026 fue publicado oficialmente.
✅ Modifica los decretos 222 y 588 de 2003.
✅ Reduce instancias administrativas previas a la elevación de pliegos.
✅ Elimina recomendaciones vinculadas a género, especialidad y procedencia regional.
Debate político en marcha
⚠️ La discusión gira ahora en torno a si la medida representa una simplificación administrativa para cubrir vacantes o si implica un retroceso en los mecanismos de control y transparencia para la designación de jueces de los máximos tribunales del país.
Dato destacado
📊 La Corte Suprema funciona actualmente con 3 de los 5 miembros previstos, mientras que el Gobierno justifica la reforma en la necesidad de acelerar la cobertura de vacantes en el sistema judicial nacional.