Durante su primera exposición oficial, el economista defendió la política del Gobierno de Javier Milei de avanzar hacia tarifas sin subsidios y sostuvo que quienes no puedan afrontar el costo del gas deberán modificar sus hábitos de consumo.
La frase que desató la polémica fue:
"Los que no puedan pagar el gas se van a tener que abrigar".
La declaración fue rápidamente comparada con expresiones realizadas años atrás durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando recomendó a los argentinos "no andar en remera dentro de sus casas" frente a los incrementos tarifarios.
Qué dijo Adrián Ravier
El nuevo vocero explicó que el Gobierno busca que las tarifas reflejen los costos reales de prestación de los servicios.
Según señaló, el Estado tuvo que tomar medidas "muy ingratas" como:
🔶Duplicar el costo del gas.
🔶Incrementar las tarifas de electricidad.
🔶Aumentar el valor del agua.
En ese contexto afirmó que el encarecimiento del gas llevará a muchas familias a consumir menos energía y optar por abrigarse más para reducir gastos.
Además citó al economista Milton Friedman al mencionar que "no hay almuerzo gratis", en referencia a que los subsidios finalmente son financiados por la sociedad.
Defensa del esquema tarifario
Ravier sostuvo que el Gobierno considera que cada usuario debería afrontar el costo del servicio que utiliza y afirmó que los subsidios destinados a empresas distribuidoras como:
♦️Camussi
♦️Edenor
♦️Edesur
deben reducirse para avanzar hacia un sistema basado en precios de mercado.
Contexto
La declaración se produce en medio del proceso de reducción de subsidios impulsado por el Gobierno nacional, que durante los últimos meses trasladó una mayor proporción del costo de la energía a los usuarios residenciales y comerciales como parte de su programa de equilibrio fiscal. Diversos informes oficiales muestran que el objetivo es que las tarifas cubran progresivamente el costo real del servicio.
Dato destacado
La frase de Adrián Ravier se produjo mientras el Gobierno continúa con la reducción de subsidios energéticos, una política que implicó fuertes incrementos en las tarifas de gas, electricidad y agua para distintos segmentos de usuarios, con el objetivo de que el precio pagado refleje el costo real de los servicios.