⚖️ Sin embargo, durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, el oficialismo peronista defendió una actualización tributaria que llegó al 40%.

El miércoles 11 de noviembre, Diputados otorgó media sanción al proyecto enviado por el gobernador Claudio Poggi, con 27 votos afirmativos y 11 negativos. La iniciativa propone descuentos del 30% en los impuestos Inmobiliario y Automotor para quienes no registren deudas, que pueden llegar al 40% si tampoco mantienen otras obligaciones provinciales exigibles.

Silvia Sosa Araujo fue una de las voces críticas del justicialismo. Cuestionó distintos aspectos de la propuesta y planteó objeciones sobre la carga tributaria y los beneficios contemplados.

📜 Pero hay un antecedente que merece recordarse.

En diciembre de 2021, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, la Legislatura trató la Ley Impositiva 2022. La Cámara de Diputados le dio media sanción por 26 votos a favor y 15 en contra, mientras que el Senado la convirtió en ley por 7 votos positivos y 2 negativos.

La normativa contemplaba actualizaciones de hasta el 40% en los impuestos provinciales, incluyendo un incremento del 40% en las escalas de base imponible del Impuesto Inmobiliario. En aquel momento, el oficialismo justificó la medida por la inflación y la necesidad de adecuar los recursos del Estado.

La entonces diputada Anabela Lucero, presidenta de la Comisión de Finanzas, defendió el proyecto y sostuvo que se trataba de una adecuación necesaria para sostener la administración provincial.

🏛️ ¿Qué lugar ocupaba Sosa Araujo?

Durante ese período, Silvia Sosa Araujo presidía la Cámara de Diputados y fue reelegida para continuar al frente del cuerpo en diciembre de 2022. Sin embargo, no corresponde atribuirle un voto personal sobre aquella ley sin contar con el registro nominal que lo acredite.

La comparación, de todos modos, abre un interrogante político: ¿por qué las actualizaciones tributarias se justificaban por la inflación durante el gobierno peronista y hoy son cuestionadas desde la oposición?

Es cierto que ambas leyes tienen diferencias y que el proyecto de 2027 también incluye actualizaciones de bases imponibles y montos fijos. La propuesta actual prevé, además, un incremento promedio del 20% en tasas administrativas y montos fijos, según lo informado durante su tratamiento.

La discusión no debería limitarse a quién gobierna y quién está en la oposición. Los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones sobre los criterios tributarios de cada gestión.

La coherencia política también se mide revisando las decisiones del pasado. Y los antecedentes legislativos forman parte de esa memoria.