La polémica estalló tras una investigación periodística que reveló que el funcionario poseía al menos siete propiedades en Miami que no habían sido declaradas ante los organismos de control en Argentina. El propio Frugoni terminó reconociendo la omisión: “Cometí un error”, admitió públicamente.
Según la información difundida, los inmuebles —ubicados en zonas de Florida como Miami y Palm Beach— fueron adquiridos entre 2020 y 2022 mediante sociedades constituidas en Estados Unidos, principalmente en el estado de Delaware, conocido por su bajo nivel de transparencia societaria.
El caso no solo generó un fuerte impacto político, sino también consecuencias judiciales: el ahora exfuncionario fue denunciado en Comodoro Py y ya enfrenta investigaciones en distintos juzgados federales por presuntas irregularidades en su patrimonio.
Frugoni ocupaba un cargo clave dentro del Ministerio de Economía, bajo la órbita del ministro Luis Caputo, con influencia directa en áreas estratégicas como obras públicas y transporte.
La renuncia se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia patrimonial de funcionarios del gobierno y vuelve a poner el foco en la obligación de declarar bienes en el país y en el exterior.
El escándalo suma tensión política y abre interrogantes sobre posibles responsabilidades legales y administrativas en uno de los casos más resonantes de los últimos días.