Un verdadero papelón institucional sacude la interna de la Unión Cívica Radical puntana. La Junta Electoral del partido había bajado arbitrariamente a los 350 candidatos de la lista "Identidad Radical" por una denuncia sobre 10 firmas. El Juez Federal Juan Esteban Maqueda destrozó esa decisión, oficializó la lista para el 25 de octubre y pidió que la Justicia Penal investigue el hecho.
El clima político dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis alcanzó un punto de máxima tensión tras un escandaloso intento de proscripción que tuvo que ser frenado por la Justicia. A pocas semanas de las elecciones internas convocadas para el próximo 25 de octubre, la Junta Electoral partidaria intentó tumbar de manera arbitraria a toda la Lista N° 10, denominada "Identidad Radical", desatando un conflicto institucional sin precedentes.
Todo el conflicto se originó cuando la Lista 133, "Radicales Unidos", presentó una impugnación asegurando que 10 afiliados de la lista opositora no habían firmado realmente sus candidaturas. Ante esta situación, la Junta Electoral aplicó una sanción absolutamente desproporcionada: en lugar de apartar o investigar puntualmente esos cargos en duda, decidió bajar de un plumazo a la lista completa, dejando afuera a 350 candidatos en toda la provincia.
El freno de la Justicia Federal y la causa penal
El engaño duró poco. Los apoderados de "Identidad Radical" acudieron rápidamente a la Justicia denunciando una flagrante violación al derecho de defensa, falta de pruebas y un evidente favoritismo de la Junta hacia la lista oficialista. La respuesta no se hizo esperar: el Juzgado Federal con competencia electoral de San Luis intervino de urgencia y le asestó un durísimo golpe a la maniobra partidaria.
El Juez Federal Juan Esteban Maqueda hizo lugar al recurso de apelación y ordenó la inmediata oficialización de la Lista 10. En su contundente fallo, el magistrado remarcó dos puntos clave: primero, que se deben respetar los derechos adquiridos, ya que la lista había sido formalmente oficializada mediante el Acta N° 10; y segundo, el principio de conservación del acto electoral, dejando en claro que la objeción sobre 10 nombres jamás puede invalidar el derecho democrático de cientos de afiliados a elegir y ser elegidos.
Lejos de cerrar el tema, la Justicia fue por más. El Juez remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que se abra una investigación penal a fondo y se determine si efectivamente hubo falsificación de firmas por parte de una lista, o si se trató de una falsa denuncia de la otra para embarrar la cancha. Mientras tanto, la democracia interna respira: la Lista 10 vuelve a la competencia.