El proyecto, que el oficialismo planea enviar al Congreso, apunta a flexibilizar el sistema de corretaje, reducir regulaciones y modificar aspectos vinculados a matrículas, honorarios y competencia dentro del sector inmobiliario.
Desde el Gobierno aseguran que la medida busca bajar costos y generar un mercado “más competitivo”.
Sin embargo, colegios inmobiliarios de distintas provincias rechazaron la propuesta y advirtieron que podría aumentar la informalidad, los fraudes y la inseguridad jurídica en operaciones de compra y alquiler de propiedades.
El eje del conflicto: la matrícula profesional
Uno de los puntos más polémicos es la posible eliminación o flexibilización de la matrícula obligatoria para ejercer como corredor inmobiliario.
Desde los colegios profesionales sostienen que esa habilitación garantiza formación técnica, controles y protección para los consumidores.
Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y titular del COFECI, aseguró que la actividad inmobiliaria no puede considerarse simplemente un negocio comercial. “La matrícula profesional garantiza formación, control y seguridad en las operaciones”, sostuvo.
Además, desde Rosario y otros colegios provinciales advirtieron que sin controles podrían crecer los conflictos judiciales, las estafas documentales y la aparición de operadores informales.
Qué busca el Gobierno
El oficialismo plantea que existen regulaciones que funcionan como “barreras de entrada” y encarecen las operaciones inmobiliarias. Por eso, busca abrir el mercado a nuevos actores, permitir mayor competencia y flexibilizar honorarios.
Sturzenegger sostiene que la reforma forma parte de un proceso más amplio de desregulación económica impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Mientras tanto, el debate recién comienza y promete generar tensión entre Nación, provincias y sectores inmobiliarios, en un mercado donde las operaciones involucran ahorros y decisiones patrimoniales de gran importancia para miles de familias argentinas.