La iniciativa es promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien busca que Argentina adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un sistema internacional que simplifica el registro de patentes en más de 150 países.
Desde el Gobierno sostienen que el cambio permitiría a investigadores argentinos proteger sus desarrollos científicos a nivel internacional sin necesidad de registrar inventos en otros países, como Brasil o Estados Unidos.
Además, aseguran que la medida modernizaría el sistema argentino y alinearía al país con estándares globales de propiedad intelectual.
Sin embargo, científicos, especialistas y sectores vinculados a la industria farmacéutica nacional advierten que, en el contexto actual de recortes al sistema científico, el principal beneficio sería para grandes laboratorios extranjeros.
Entre las principales preocupaciones aparece la posibilidad de que compañías internacionales amplíen el patentamiento de medicamentos en Argentina, dificultando la producción de genéricos y aumentando la competencia sobre laboratorios locales.
Investigadores del Conicet y universidades nacionales remarcan que el país mantuvo históricamente reglas más flexibles justamente para garantizar acceso a medicamentos y fomentar la producción nacional.
Especialistas también cuestionan que el debate sobre patentes se produzca mientras el sistema científico atraviesa una fuerte crisis presupuestaria.
Según informes citados por investigadores, los recortes en ciencia y tecnología superan el 50% en algunas áreas y los trabajadores del sector denuncian pérdida salarial y paralización de proyectos.
En paralelo, el Gobierno ya avanzó en marzo con cambios en el régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de normas vigentes desde 2012, flexibilizando el otorgamiento de patentes y otorgando mayor poder de decisión al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
El tema volvió a encender el debate sobre el futuro de la ciencia argentina, la soberanía tecnológica y el acceso a medicamentos, en medio de una creciente tensión entre el Gobierno, investigadores y sectores industriales nacionales.