El fiscal Gerardo Pollicita determinó que no hay pruebas suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete incrementó su patrimonio de forma injustificada durante su paso por el Gobierno. Sin embargo, solicitó que el expediente pase al fuero en lo Penal Económico para analizar presuntos delitos tributarios vinculados al uso de efectivo y operaciones con criptomonedas.

La investigación sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomó un nuevo rumbo en las últimas horas. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la causa deje de tramitarse bajo la figura de enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si el exfuncionario cometió delitos de evasión fiscal durante los últimos años.

El cambio de enfoque se produce luego de que la fiscalía analizara el descargo presentado por Adorni para justificar sus movimientos financieros entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Durante ese período, se habían detectado gastos por más de US$400.000 (en su mayoría pagados en efectivo) y una diferencia de $43 millones entre sus ingresos comprobados y sus erogaciones.

Para explicar esta situación, la defensa de Adorni argumentó que los fondos provenían de una inversión en Bitcoin realizada entre 2014 y 2018, la cual le habría reportado ganancias por casi US$600.000 que luego conservó en dólares billete. Tras realizar pericias digitales, los especialistas confirmaron la existencia y actividad de las billeteras virtuales en las fechas indicadas, pero no pudieron establecer quién las administraba. Ante esta falta de pruebas contundentes para desmentir la versión del exfuncionario, Pollicita consideró que no se puede sostener la acusación por enriquecimiento ilícito.

Las sospechas que mantienen abierta la investigación

Pese a descartar el enriquecimiento ilícito, el fiscal aclaró que el pedido no implica el cierre de la causa ni el sobreseimiento de Adorni. Por el contrario, puso la lupa sobre posibles irregularidades tributarias al sospechar que parte del dinero utilizado permaneció sin declarar ante los organismos fiscales durante varios años.

Entre los puntos que Pollicita pide investigar en el fuero Penal Económico se destacan: el uso recurrente de grandes sumas de dinero en efectivo, la incorporación de bienes a declaraciones juradas rectificativas después del inicio de la investigación judicial, y préstamos privados donde no se pudo acreditar la entrega efectiva de los fondos. Estas maniobras podrían configurar delitos de evasión en impuestos como Ganancias o Bienes Personales.

La investigación patrimonial original, impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, puso el foco en varias adquisiciones inmobiliarias y reformas. Entre ellas, la compra de una propiedad en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) por US$120.000 y refacciones en el mismo inmueble que, según un contratista, se pagaron con US$245.000 en efectivo y sin facturas. También se investigó la compra de un departamento en Caballito por US$230.000.

Ahora, la decisión final quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si acepta el cambio de competencia y traslada el expediente a la Justicia especializada en delitos económicos.