⚠️💰💵 Central Puerto informó a la Comisión Nacional de Valores que vendió la totalidad de su participación en la minera canadiense AbraSilver Resource Corp. por aproximadamente US$163,1 millones. La compañía había invertido alrededor de US$25,5 millones desde 2024, por lo que la diferencia entre ambos montos ronda los US$137,6 millones.

⛏️ AbraSilver desarrolla el proyecto Diablillos, un emprendimiento de oro y plata ubicado en la zona limítrofe entre Salta y Catamarca. El proyecto fue incorporado al RIGI en marzo de 2026, régimen que contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para grandes inversiones.

📈 El salto en el valor de la participación es el eje de la controversia. Central Puerto ingresó a AbraSilver antes de la incorporación de Diablillos al RIGI y posteriormente vendió sus acciones por una suma más de seis veces superior al capital que había desembolsado. La empresa comunicó que decidió desprenderse de la inversión porque dejó de considerarla estratégica.

💰 Tras la venta, el directorio de Central Puerto aprobó además un dividendo extraordinario de más de $247.000 millones para sus accionistas. La operación fue informada oficialmente ante la CNV el 16 de septiembre.

⚖️ La situación derivó en una denuncia penal contra Luis Caputo y directivos y accionistas de Central Puerto. La presentación pide investigar si hubo una intervención irregular en la aprobación del RIGI para Diablillos y si existió utilización de información no pública que pudiera haber permitido anticipar el impacto económico del régimen.

🔎 Hasta el momento, la denuncia y los cuestionamientos no prueban que Caputo haya intervenido irregularmente ni que haya existido una coordinación entre funcionarios y empresarios. Lo que sí está documentado es la secuencia de la operación: inversión de Central Puerto en AbraSilver, incorporación del proyecto Diablillos al RIGI, posterior venta de la participación por US$163,1 millones y distribución extraordinaria de dividendos.

📌 El caso vuelve a abrir el debate sobre los beneficios del RIGI, los controles sobre los proyectos que ingresan al régimen y la necesidad de determinar si las decisiones públicas pudieron generar ventajas extraordinarias para empresas vinculadas con personas cercanas a funcionarios nacionales.